La Fiscalía General de la Nación, a través de la providencia de un fiscal adscrito a la seccional Cundinamarca, ordenó el llamamiento a juicio de Néstor Guillermo Franco González, exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). La razón aducida por la Fiscalía es que Franco incurrió en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hallazgos judiciales se concentraron en 2015, cuando el entonces director de la CAR firmó el convenio interadministrativo número 1267 para adelantar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chía (Cundinamarca), presuntamente sin cumplir los requisitos de ley para la ejecución del contrato.
Nidia Pilar Rojas Pedraza, directora de la seccional Cundinamarca, manifestó que “el exdirector no confirmó los costos de las obras fundamentales y estructurales, como son: columnas, zapatas, vigas de cimentación, vigas aéreas, placa de contrapiso, losa superior, acero de refuerzo, acero estructural y los pilotes”.
Además, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) encontró entre otras anomalías que no se tuvo en cuenta el crecimiento del municipio y las necesidades futuras de la comunidad, por lo que en el diseño de la infraestructura no se incluyó la ampliación del crecimiento del caudal de agua de acuerdo al desarrollo demográfico de la región. Según el organismo investigador “los elementos materiales probatorios señalan que el exdirectivo habría faltado a los principios de economía y planeación de los recursos, pues aparecieron 171 ítems de obras no previstas en el convenio inicial”.
Por último, la indagación halló que en el marco de la ejecución del convenio se hizo una adición presupuestal de 17.783 millones de pesos, casi el 50 por ciento del valor inicial del mismo que era de 35.748 millones de pesos. Al final, la obra terminó costando $53.531 millones y no cumplió con las verdaderas necesidades de la ciudadanía de Chía.
