La Fiscalía General de la Nación prepara un nuevo principio de oportunidad que cobije al segundo mayordomo de la finca Haras de San Fernando, Gustavo Enrique Bejarano. La propiedad está ubicada en el municipio de Guasca (Cundinamarca) y es de propiedad del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Molina. En este predio se hizo un allanamiento el pasado 12 de febrero y se encontraron tres laboratorios de procesamiento de hoja de coca que producían una tonelada de alcaloide mensualmente.
Bejarano, a través de su abogado, pidió al organismo acusatorio que le prepare una segundo principio de oportunidad pues él tendría información muy importante acerca de cuándo se crearon los laboratorios y a quién pertenecen. Laureano Martínez, el primer mayordomo de la finca, también se encuentra en tratos con la Fiscalía con el fin de obtener beneficios en su pena a cambio de entregar datos fundamentales para dar con la identidad de los dueños de las instalaciones donde se preparaba la cocaína.
Los apoderados de ambos trabajadores están solicitando que se les concedan medidas de seguridad a sus defendidos y sus familias pues aducen que sus clientes han sido amenazados de muerte en varias ocasiones. La implementación de dichas medidas sería condición fundamental para que los detenidos comiencen a entregar información a la Fiscalía.
Por otra parte, el dueño de la hacienda Haras San Fernando, Fernando Sanclemente, rindió su declaración el pasado 10 de diciembre. En ella se ratificó en sus anteriores testimonios a los medios de comunicación, en los cuales aseguraba que no tenía información de que estuviera cometiéndose algún crimen en su propiedad. Iván Cancino, abogado del exembajador, dijo que “el interrogatorio fue de una hora, donde él explicó perfectamente a la Fiscalía todos los hechos en su calidad más bien de víctima. Entregamos versiones y demás documentos que respaldan su dicho”.
Estas declaraciones contrastan con las de la esposa e hija del primer mayordomo, Laureano Martínez, quienes aseguraron ante el ente investigador que el exembajador había pedido que quemaran todas las evidencias que lo comprometieran directamente con los hechos ilícitos ocurridos en la ‘narcofinca’.
Por ahora la Fiscalía tiene en su poder como material probatorio una agenda que contiene un completo inventario en el que se llevaba el reporte de los pagos de nómina consignados a los empleados de la ‘narcofinca’, además de una lista con el presupuesto destinado a la compra de materiales e insumos para la producción del narcótico.
