La Contraloría Departamental de Cundinamarca, en el marco de la audiencia pública de control social de las provincias de Bajo Magdalena y Medina, hizo público el hallazgo de reportes de estas dos regiones. Según las indagaciones adelantadas se encontraron obras inconclusas en la provincia de Bajo Magdalena por valor de $12.975 millones, mientras que en Medina la cifra fue de 924 millones de pesos, para un total entre las dos provincias de $13.899 millones.
El contralor de Cundinamarca, Édgar Sierra Cardozo, se declaró preocupado por la falta de ejecución de las alcaldías, sobre todo en la provincia de Bajo Magdalena. Además hizo un llamado a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias para reactivar la terminación de estos “elefantes blancos” que se tragan los presupuestos locales y regionales afectando el bienestar de las comunidades.
La situación de Bajo Magdalena es, por mucho, la más preocupante. Son 12 las obras inconclusas registradas en este territorio, de las cuales cinco corresponden al municipio de Guaduas por un valor de $7.150 millones. Una de las principales irregularidades halladas es que solo un contrato, el denominado 1380-16 que ordena los estudios de factibilidad, diseño y presupuesto para la construcción de espacios pedagógicos para la instauración de la jornada única en la Institución Educativa Departamental (IED) Miguel Samper, se lleva $6.004 millones del municipio. Sin embargo, la obra quedó en veremos.
Pero hay más obras inconclusas en Guaduas. Está el contrato para el mantenimiento y adecuación para la Casa de la Mujer, con un costo de 15’783.830 de pesos; la construcción de las obras de infraestructura para la terminación del área de urgencias del Hospital San José de Guaduas, por un costo de 785’615.470 de pesos; la adecuación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura física del hogar comunitario ‘Mi Pequeño Mundo’, por $146’316.770; y la ejecución de las obras mínimas y reparaciones locativas para la mitigación del riesgo y protección del bien inmueble de interés cultural y patrimonial Casa Consistorial del Municipio, por un valor de $198’137.076. Este último lugar, sede de la Alcaldía, tuvo que abandonarse hace pocas semanas por falta de mantenimiento. Sus techos empezaron a caerse y había riesgo de accidentes para los empleados de la administración local.
Puerto Salgar, otro municipio de Bajo Magdalena, también tiene problemas. En su jurisdicción se encontraron tres obras inconclusas con un valor de $5.316 millones. La mayor preocupación es la planta de tratamiento por gravedad de agua potable del municipio, la cual se contrató por $2.876 millones y quedó sin terminar y dañándose en el abandono. Esta obra era de capital importancia para solucionar problemas de saneamiento básico de la ciudadanía de Puerto Salgar.
Las otras dos obras sin terminar registradas en este municipio son la elaboración de los estudios técnicos, diseños, presupuesto de obra y la construcción de los espacios requeridos para dar inicio al proceso de implementación de la jornada única en la IED Al Mixto, por un valor de 2.289 millones de pesos; y la ampliación de la planta física de la IED Policarpa por 150 millones de pesos.
En Caparrapí se reportaron cuatro obras inconclusas, discriminadas así: construcción de pavimento para el barrio El Municipio, por $100’000.000; construcción de pavimento para la vereda Dindal, por $180’000.000; construcción de red de acueducto, alcantarillado sanitario y fluvial en el barrio El Municipio, por un valor de $180’000.000; mejoramiento de la vía Novilleros que conduce a la vereda La Montaña, por $49’642.297.
Con respecto a los hallazgos en la provincia de Medina, sólo se reportan como obras inconclusas la adecuación y construcción de la segunda etapa de la estructura física para El Hogar Grupal, por $195’496.983; y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la inspección de Maya, por $728’804.357.
Durante la audiencia pública virtual presidida por el Contralor, éste llamó la atención a las administraciones locales de Caparrapí y Medina por que realizaron apropiaciones inferiores al 1 por ciento del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. De esta forma incumplieron el artículo 111 de la ley 99 de 1993. En el caso de Medina la apropiación fue del 0,5 por ciento y Caparrapí apenas llegó al 0,35 por ciento.
El contralor Édgar Sierra Cardozo concluyó diciendo que las audiencias públicas que se realizan periódicamente con cada una de las provincias del Departamento tienen como meta abrir espacios a la ciudadanía para que ejerzan un eficaz control social y fiscal en la lucha anticorrupción.
