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Crisis por hacinamiento en estaciones departamentales de Policía

Leonardo Rojas, secretario de Gobierno de Cundinamarca, afirma que la culpa no es de la Policía sino del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ya que es esta última entidad la que debe hacerse cargo de la población en arresto y no las estaciones de policía, pues éstas no fueron construidas para tal fin.

La situación de hacinamiento en los 16 calabozos existentes en el departamento de Cundinamarca se volvió crítica. en estos lugares de encierro para criinales lel cupo es para 250 detenidos, pero en la actualidad hay más de 700, superando el aforo en más de un 280 por ciento.

Las circunstancias se hacen más caóticas en momentos en que en los detenidos tiene un riesgo muy alto de contagiarse de covid 19 a pesar del cumplimiento de los protocoles de bioseguridad. También las autoridades de policía que tienen que entrar en contacto con esta población están en serio riesgo de adquirir el coronavirus.

Leonardo Rojas, secretario de Gobierno de Cundinamarca, afirma que la culpa no es de la Policía sino del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ya que es esta última entidad la que debe hacerse cargo de la población en arresto y no las estaciones de policía, pues éstas no fueron construidas para tal fin.

Leonardo, Rojas, secretario de Gobierno de Cundinamarca.

En total hay 732 detenidos en los 16 sitios de arresto con disposición de calabozos que tiene la Policía en Cundinamarca. De elos 654 son hombres y 78 mujeres. Los cinco municipios con mayor número de recluidos son Soacha con 250, Facatativá con 130, Girardot con 96, Fusagasugá con 51 y Zipaquirá con 50.

El mayor problema es que el Inpec sólo está en la obligación de recibir detenidos cuando estos ya han sido condenados. Hasta que no haya un fallo definitorio la responsabilidad del encierro de las personas en arresto intramural corre por cuenta de los municipios y el departamento.

Otro problema es que hay 92 personas en detención que son extranjeros. Es por esta situación que la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) crearon una mesa de trabajo con el fin de llegar a acuerdos sobre qué tipo de acciones se deben tomar frente a esta población que está recluida en los calabozos municipales.

Esn ese sentido el secretario Leonardo Rojas declaró que “hemos hablado con Migración, porque necesitamos que nos reciba a las personas extranjeras detenidas que deben ser deportadas de manera inmediata para ir generando cupos. Queremos que les permitan a los alcaldes de los municipios celebrar convenios con el Inpec para que les reciban los retenidos y los lleven a las cárceles nacionales”.

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