Gracias a la revisión de un fallo de tutela sobre la legalidad de desbloquear por la fuerza la interrupción de las vías públicas por parte de manifestantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió al presidente de la República, Iván Duque Márquez, una explicación detallada de por qué decretó la asistencia militar en algunas zonas del país. Esta corte hizo la misma petición a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
El Tribunal fue enfático en pedir al mandatario que presente un informe en el que aborde las principales razones por las que tomó la determinación de pedir a las Fuerzas Militares que apoyaran la labor de la Policía Nacional, bajo la figura de la asistencia militar, en distintos puntos de Colombia con el fin de garantizar el desbloqueo de vías y el mantenimiento del orden público. El organismo judicial tenía pensado ir hasta Palacio de Nariño para escuchar al Presidente, pero “dadas las circunstancias, en su lugar, se dispondrá que bajo la gravedad del juramento rinda un informe acerca de las razones que lo llevaron a determinar la necesidad de activar la asistencia militar”.
Organismos de control y vigilancia como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República también fueron conminados a explicar concienzudamente las actividades que hayan adelantado con respecto a las denuncias recibidas con motivo de las protestas, manifestaciones y bloqueos que comenzaron el 28 de abril pasado. Estas entidades han iniciado investigaciones tanto de acusaciones de vandalismo como de atropellos de la fuerza pública contra la ciudadanía.
Igualmente, la Policía Nacional fue llamada a presentar informe sobre su actuación en el control de las manifestaciones y su labor para evitar destrucción de bienes y propiedades públicos y privados por parte de vándalos. Lo fundamental es que esta institución tendrá que explicar cada una de las acusaciones que se le han hecho por ataques físicos contra los protestantes, e incluso sobre la muerte de varios de ellos a manos de miembros de la misma.
Finalmente, en el documento emanado del Tribunal de Cundinamarca se estipula claramente que “las autoridades requeridas en el informe deberán distinguir si los desmanes contra la vida y bienes de los manifestantes y/o de terceros ajenos a las marchas, los han llevado a cabo los grupos de personas durante el curso de las manifestaciones y explicar si los mismos ocurrieron durante o con posterioridad, y de qué forma. Especialmente, deberán referirse sobre cómo fue la actuación de la policía durante el desarrollo de cada una de las jornadas de protestas”.
El Ejército Nacional, por su parte, señaló que mediante su intervención se lograron movilizar más de 30 mil toneladas de carga y cerca de 600 mil galones de combustible. Además, gracias al cumplimiento del decreto de asistencia militar se logró desbloquear gran parte de las vías en las regiones que fueron objeto de la acción de la decisión presidencial. De esta manera se recuperó la movilidad de esos puntos y se conjuró la amenzaza de desabastecimiento de alimentos.
Se espera que en los próximos días la Presidencia de la República entregue el informe con la explicación solicitada por la corte departamental.
