La Corte Suprema de Justicia a través de su sala de instrucción determinó dictar medida de aseguramiento al congresista cundinamarqués José Edilberto Caicedo Sastoque, representante a la Cámara del Partido de La U. La decisión está pendiente de ser firmada y notificada al acusado. La determinación obedece a una investigación en contra del político debido a presuntas irregularidades cometidas en la celebración de un contrato con la Empresa de Acueducto del municipio cuando fue alcalde de Zipaquirá entre 2004 y 2007.
El contrato se realizó con el fin de construir dos tanques de agua en los sectores de Villa Marina y la zona alta de Zipaquirá. El denunciante, Josué Martínez Romero, señaló en el auto de acusación que el objeto del contrato no se cumplió debidamente ya que solo se hizo la obra de Villa Marina, pero no la de la zona alta del municipio. El el mismo documento se registra la ausencia de estudios de suelos, necesarios para definir la viabilidad de las obras, ya que así se pueden determinar las obras a desarrollar, la cantidad de materiales y los presupuestos para pagar los trabajos.
Precisamente, la falta de estos estudios llevó a que la contratista Gloria Leticia Mogollón los realizara con una empresa consultora. Aún así el tanque de la zona alta de Zipaquirá no fue construido. La Corte Suprema estimó que Caicedo le otorgó a la empresa contratista adiciones presupuestales por 40, 43 y 87 millones de pesos en tres diferentes ocasiones. Caicedo Sastoque, entonces alcalde de Zipaquirá, nunca presentó un soporte técnico que apoyara las adiciones realizadas. Finalmente el contrato resultó siendo por 840 millones de pesos y no por los 660 millones iniciales.
La conducta investigada es por peculado por apropiación y celebración de contrato sin los requisitos legales. Además, también se habrían cometido sobrecostos en las compras realizadas para la ejecución del contrato, señaló en la providencia el magistrado ponente, Francisco Farfán. La Corte Suprema también resaltó que el congresista Caicedo habría intentado sobornar a testigos, según interceptaciones telefónicas realizadas por los organismos de investigación.
El representante a la Cámara, José Edilberto Caicedo Sastoque, deberá cumplir con la detención ordenada por el alto tribunal mientras la sala de instrucción define si lo llama a juicio.
