El concejal del municipio de La Mesa (Cundinamarca), Carlos Andrés Bernal, presidente en diciembre de 2020 de la mesa directiva de esa corporación, ordenó la compra de 13 computadores que necesitaba el cabildo para su funcionamiento por un valor de 24 millones de pesos.
Cuando los computadores fueron recibidos algunos concejales se dieron cuenta que los aparatos tenían un protector el cual, al ser removido, dejaba ver los logos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), lo que revelaba que eran computadores destinados a ser entregados gratuitamente en los colegios públicos de Colombia.
Enterado Bernal de las irregularidades, procedió a interponer las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que esta entidad determine las responsabilidades con respecto a las irregularidades detectadas. Los computadores fueron suministrados por Comercializadora y Constructores Sumapaz S.A.S.
El contratista, al ser cuestionado por el extraño hallazgo, respondió a través de un comunicado en el que expresó lo siguiente: “Vía telefónica el señor Fredy Grandas Coronel nos manifiesta que los equipos son totalmente legales y que no presentan ninguna restricción para su comercialización debido a que estos equipos efectivamente fueron importados para dar cumplimiento a un contrato que existía entre Corporación Politécnica Nacional de Colombia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Al ser informada de las anomalías registradas con computadores presuntamente provenientes del MinTIC, la ministra de la cartera, Karen Abudinen, se mostró indignada por la situación. “No vamos a dejar que sigan robando los sueños de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. (…) Ya di instrucciones a Computadores para Educar para que se haga la respectiva denuncia e investigación”, declaró la funcionaria.
El control político dentro del concejo de La Mesa no se hizo esperar. El concejal Hamilton Hernández envió un mensaje de urgencia a la comunidad y pidió celeridad en el proceso de investigación para encontrar a los culpables del presunto ilícito y se puedan recuperar los recursos perdidos al comprar computadores que deberían regalarse a los colegios públicos del país.
