A pesar de la negativa inicial del Gobierno Nacional para hacer públicos los contratos por los cuales adquirió las vacunas contra el covid 19, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que en un plazo de tres días esos contratos deben hacerse públicos para que los conozca la ciudadanía.
El presidente Iván Duque había dicho que esos contratos contaban con unas cláusulas de confidencialidad que no le permitían hacerlos públicos. No obstante, varias organizaciones y veedurías ciudadanas interpusieron peticiones y acciones jurídicas para que el Gobierno levantara la reserva que pudiera pesar sobre dichos contratos.
Ante una primera negativa de un juez, el Instituto Anticorrupción interpuso un recurso de insistencia por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó darle un plazo de tres días al Gobierno para que, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), revelará los detalles que rodearon la adquisición de millones de vacunas contra el coronavirus a farmacéuticas de Estados Unidos y China.
En la providencia de los magistrados del Tribunal departamental dice que los contratos no pueden ir en contravía de otros derechos amparados por la Constitución como el acceso a la información y la participación ciudadana. Luis Gilberto Ortegón, presidente de esta corte, manifestó que las cláusulas de confidencialidad solo eran válidas durante la etapa de negociación. Actualmente no existen fundamentos para mantener la reserva sobre los detalles del proceso de contratación.
“En los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales”, aseveró el magistrado Ortegón.
Por su parte Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, dijo que le parecía el colmo que se vulnerara el principio de transparencia en la compra de las vacunas, amparándose en una supuesta reserva contractual, pues los colombianos tienen derecho de acceder a toda información pública.
Con respecto a la renuencia del gobierno a entregar dicha documentación varios juristas consultados por EL NIDO DEL CÓNDOR explicaron que, como lo fallado es un recurso de insistencia, no se admite ninguna otra instancia o apelación más. De esta manera el Gobierno solo tiene como única salida entregar la información que se le está solicitando, pues de lo contrario podría incurrir en una conducta sancionable por la Procuraduría General de la Nación. Se espera que, a más tardar el próximo miércoles 26 de mayo, haya una respuesta satisfactoria del Gobierno al fallo del Tribunal.
