La Defensoría del Pueblo de Colombia realizó un informe, con motivo de las protestas y disturbios que han agobiado por más de un mes a Colombia, sobre la presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las distintas regiones del país. Con respecto a Cundinamarca y Bogotá, la Defensoría halló que la capital de la república y 12 municipios del departamento están siendo afectados por este fenómeno. Actualmente Facatativá, con mucho, es la población más afectada por los cotidianos brotes de violencia y vandalismo.
El informe de la entidad gubernamental señala que en el departamento se mueven organizaciones armadas como las Autodefensas Gaitanistas, milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de bandas criminales como las llamadas ‘Aguilas Negras’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Boyacos’.
La investigación adelantada por la Defensoría arrojó que estas organizaciones delincuenciales están interesadas en manejar territorialmente dos sectores que incluyen ejes viales de entrada y salida de Bogotá. En la zona oriental están las localidades desde Usme hasta Usaquén, que permiten dominar las salidas hacia La Calera, Choachí, Villavicencio y los Llanos. En el corredor occidental las bandas operan desde Soacha hasta Chía, donde se encuentran las salidas hacia el sur del país, la Costa Pacífica, el Eje Cafetero, Antioquia, los Santanderes y la Costa Atlántica.
En estas zonas del departamento son múltiples los delitos que se denuncian. Hay extorsiones, secuestros, vandalismo, bloqueos viales, homicidios e incluso imposición de normas de comportamiento y movilidad a la ciudadanía. También se registran actividades de microtráfico, préstamos ‘gota a gota’ y contrabando.
Los municipios afectados por este problema son Soacha, Sibaté, Mosquera, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Chipaque, Ubaque, Choachí, Funza y Guasca. En el informe mencionado la Defensoría insiste en la necesidad de desarrollar una estrategia integral e institucional que permite atender las necesidades de una población con grandes problemáticas sociales que son aprovechadas por la delincuencia como caldo de cultivo para el crecimiento de sus actividades criminales.
Facatativá, un municipio paralizado
Lo que viene sucediendo en este municipio cundinamarqués es una situación compleja que ya rebosó la paciencia de los facatativeños. Los bloqueos y el vandalismo comenzaron hace más de un mes y las autoridades no han podido conjurar los desórdenes y desmanes que se viven bajo la bandera del paro nacional.
La sensación que tienen los habitantes del municipio es que se encuentran en estado de guerra. Alcides Niño, ayudante de panadería que vive en Funza pero trabaja en Facatativá, dice que llegar a su lugar de trabajo se ha vuelto un calvario: “Yo salgó de mi casa y cojo un colectivo, pero el carro llega hasta un punto del que no pasa porque los conductores dicen que si lo hacen les queman el vehículo. Me toca seguir a pie y dando rodeos por calles para no quedar en medio de los agarrones entre los manifestantes y el ESMAD”, afirma Niño.
La situación de orden público está tan fuera de control que los vándalos han destruido y quemado el Palacio Municipal de Justicia, varias oficinas públicas y la estación de policía de Cartagenita. Además intentaron quemar la sede de la Alcaldía de Facatativá. Es por eso que este municipio fue el único del departamento que se incluyó en el decreto presidencial de asistencia militar para contrarrestar las graves alteraciones del orden público.
Pedro Villamil, concejal del Polo Democrático en Facatativá, resalta que los desmanes no son solo producidos por personas de esta población. Se registra la presencia de muchos venezolanos en las zonas de los disturbios. Por su parte David Perdigón, concejal de La U, asegura que “hay muchos que han admitido que les están pagando. Algunos han denunciado a través de las redes que pagan entre 60.000 y 70.000 pesos el día para tirar piedra y atacar. Con ese incentivo no hay quien los pare”.
Un habitante de la zona de Cartagenita que pidió el anonimato de su identidad, manifestó que los alrededores de este sector y el de Manablanca son muy conocidos porque el microtráfico de estupefacientes tiene su sede ahí. “Acá entran personas desconocidas por las tardes y las noches y, si no vienen a dejar droga en los expendios que están encaletados, entonces vienen a comprarla. Acá esta zona es caliente y hay enfrentamiento entre bandas por el control del territorio”, relata el testigo.
El concejal Villamil intentó mediar con los protestantes para llegar a acuerdos con el fin de levantar los bloqueos. La tarea fue imposible porque los manifestantes no tienen un vocero definido, por lo que hablar con unos no es hablar con todos. De hecho, en un intento por entablar un diálogo con los organizadores de los bloqueos el propio Villamil fue agredido por los manifestantes, mientras que el concejal Ómar Sulvará fue arrastrado por la gente por el sector del barrio Juan Pablo II. La Policía Nacional tuvo que arremeter contra la multitud para poder rescatarlo de las manos de la turba.
La posición del alcalde Guillermo Aldana (Polo Democrático) ha sido la de insistir en el diálogo permanente. Además ha solicitado en reiteradas ocasiones al ESMAD que no entre en su jurisdicción. No obstante Aldana ha demostrado no estar a la altura de la situación pues no hapodido devolver la tranquilidad a su municipio. De hecho varios cabildantes lo acusan de malos manejos administrativos y negligencia en el manejo de la seguridad ciudadana y la pandemia.
Habla el Gobernador
Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, mostró su preocupacion por el informe emanado de la Defensoría del Pueblo. A pesar de haber denunciado unos pocos días atrás los actos irracionales que pretendían destruir la sede de la Alcaldía y que terminaron quemando el Palacio Municipal de Justicia, García se mostró extrañado con el señalamiento que hizo la Defensoría de la toma de 12 municipios cundinamarqueses por organizaciones delictivas.
“Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo de los que hacen presencia lo haya detectado. Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento”, manifestó el mandatario regional.
De acuerdo a las alarmas prendidas por la Defensoría los grupos armados ilegales que operan en Cundinamarca lo hacen como una especie de órgano colegiado en forma de pirámide en el que la base la conforman bandas locales o regionales que delinquen, las cuales tienen encima a los grupos y coordinadores que operan a nivel nacional. Por encima de estos dos niveles se encuentran los grupos de crimen transnacionales y los grandes financiadores de la violencia en el país, muy vinculados con el tráfico de estupefacientes.
El gobernador García se puso en la tarea de verificar la información de la Defensoría y encontró que desde 2008 el departamento quedó libre de la influencia de grupos armados organizados como el ELN y las FARC que venían delinquiendo en el departamento.
A pesar de estas declaraciones el Gobernador destacó que recibe el informe de la Defensoría con respeto y credibilidad, pero que de todas maneras pedirá a esta entidad que aclare el verdadero sentido del mencionado informe porque lo arrojado en esa investigación puede afectar gravemente a esos 12 municipios de Cundinamarca. “Partimos del principio de la buena fe y por eso queremos entenderlo, queremos conocer los detalles para poder actuar y para poder tomar medidas, pero sí nos genera una gran preocupación una afirmación de este tamaño en un departamento que históricamente ha dado ejemplo de trabajo en búsqueda y consolidación de la paz”, concluyó García Bustos.
