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Presunta corrupción en compra de llantas por parte de Alcaldía de Arbeláez

by nidodelcondor.co

A finales del mes de junio del presente año la revista SEMANA publicó una denuncia muy seria sobre una situación de corrupción que se viene presentando en el municipio de Arbeláez (Cundinamarca). Según dicha publicación la Alcaldía Municipal de Arbeláez firmó el contrato de suministro número 231 de 2020 con la empresa Rino S.A.S. Este contrato se celebró el pasado 7 de diciembre y tenía como objeto la compra de llantas nuevas para motocicletas, automóviles y maquinaria pesada del municipio.

Algunos ciudadanos de este pueblo cundinamarqués se preocuparon por el alto costo del contrato, el cual fue de $103’722.523, al cual se le adhirieron 15 millones de pesos más. La empresa que se beneficio del contrato adjuntó las facturas que entregó a la administración local; en ellas están las características de calibre, ancho de banda y radio de las llantas a comprar, pero no las marcas que fueron adquiridas, lo cual era muy necesario para poder establecer el verdadero precio de los artículos pagados por la alcaldía.

Es curioso el hecho de que Rino S.A.S. no tuvo ninguna competencia en la consecución del contrato. De hecho fue la única empresa que se presentó para la obtención del contrato 231 de 2020. La administración municipal explicó que los recursos se sacaron del rubro denominado ‘Mantenimiento rutinario y mejoramiento de vías’. Los encargados de adjudicar el contrato verificaron que la oferta de Rino cumpliera los requisitos solicitados y procedió a aprobar la oferta.

Las inconsistencias

Los problemas aparecen cuando se comparan los precios suministrados por Rino S.A.S. en su cotización con los precios normales del mercado. Lo que encontró SEMANA fue que las referencias de llantas cotizadas aleatoriamente en tres diferentes distribuidores costaban entre un 50 y un 60 por ciento menos comparadas con los precios obtenidos de las facturas de Rino S.A.S. Si los organismos de control prueban esa anomalía se constituiría un sobrecosto en el contrato.

Lorena Correa, personera de Arbeláez, visitó el pasado 25 de junio el almacén general de la Alcaldía para verificar y hacer la auditoría de la compra hecha por la Alcaldía municipal. Entre los hallazgos realizados la funcionaria encontró que “algunas marcas entregadas a la Alcaldía son distintas a las especificadas por el oferente”, de acuerdo al listado de compras que se le entregó a la Personería.

Karina Garzón, alcaldesa municipal de Arbeláez.

La publicación le solicitó a la alcaldesa de Arbeláez, Karina Garzón, respuestas sobre las anomalías reportadas. La reacción de la alcaldesa fue extraña, pues procedió por escrito a amenazar a los periodistas de SEMANA con demandarlos si no revelaban la fuente de la que obtuvieron la información: “Dejo el escrito por aquí como soporte de que te conté la situación real, para que tu investigación sea muy objetiva, porque una vez salga (…) tomaremos todas las acciones que la ley nos permita. Porque se tendrá que decir en estrados quién entrego esa información a SEMANA, ya que desde hace un tiempo están buscando estos personajes”.

En el mismo escrito la alcaldesa respondió: “Es mi deber advertir por escrito que la información que tienen es de un medio demandado ilegal y que trabaja bajo el anonimato. No tenemos investigación por parte de los entes de control ni aperturas que corroboren lo que seguramente piensan publicar, y si a pesar de esto lo va a realizar, pues deben asumir lo que se desprenda posterior a esto”. Sin embargo, Garzón nunca menciona el medio que está demandado.

Finalmente, la secretaria de planeación Municipal, Elsa Marcela Rojas, encargada de la supervisión del contrato en mención, señaló que la empresa contratada “cumplió con el objetivo y alcance del Contrato de Suministro 231 de 2020, de acuerdo a los bienes antes mencionados. (…) Además, demostró responsabilidad, diligencia y cumplimiento en el bien solicitado”.

Se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento serio por parte de los organismos de control como la Procuraduría Departamental y la Contraloría de Cundinamarca.

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