Gustavo Enrique Bejarano y Laureano Martínez son dos de los mayordomos y empleados de la finca del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en donde fueron encontrados tres laboratorios de cocaína en inmediaciones de la finca Haras de San Fernando, en Guasca (Cundinamarca) el pasado 12 de febrero de 2020. La Fiscalía los detuvo por encontrarlos relacionados con las actividades ilícitas que se estaban cometiendo en la llamada ‘narcofinca’.
Los abogados de los acusados ofrecieron su cooperación con el ente investigador con el fin de acceder a beneficios con respecto a su condena. La Fiscalía, en principio, aceptó la cooperación de los indiciados, pero después de obtener la información los dejaron solos, sin posibilidad de lograr rebajas por sus declaraciones y con riesgo para su integridad física debido a que se encuentran detenidos en cárcel, donde podrían sufrir atentados contra sus vidas.
Familiares de Laureano Martínez, uno de los mayordomos, aseguraron que la Fiscalía buscó la colaboración de Laureano como testigo, pero después de recoger la información que tenía para entregar Martínez, lo abandonó y no le cumplió el principio de oportunidad que le había ofrecido anteriormente.
Interior de la finca del exembajador Fernando Sanclemente.
El abogado de los empleados, Víctor Muñoz, fue aún más contundente y acusó a la Fiscalía General de la Nación de hacer parte de una plan muy elaborado para eximir de cualquier culpa al exembajador Fernando Sanclemente. Muñoz aprovechó para pedir un acompañamiento efectivo de la Procuraduría General de la República con el fin de que no se produzca ningún tipo de favorecimiento o encubrimiento. “Lo único que han hecho las autoridades es cambiarlos de cárcel, dizque para proteger su integridad física y su vida, pero eso no es suficiente, pues siempre que estén en una cárcel estarán a merced de los delincuentes que los quieren silenciar”, aseguró Muñoz.
Camila Martínez, hija del mayordomo Martínez, señaló a la Fiscalía de no recibir incluso bienes que habrían sido usados para la operación de producción y tráfico de estupefacientes. Es el caso de un vehículo que está al frente de su casa, pero el ente investigador no ha pasado a llevárselo para la práctica de las pruebas pertinentes. Mientras tanto la familia Martínez le paga parqueadero al automotor.
Finalmente, la familia de Martínez pide que a su pariente le sea brindada la seguridad necesaria y que se merece por haber participado de la matriz de colaboración presentada por la Fiscalía. El propio acusado señala que, a pesar de haber dado nombres, ubicación de más laboratorios y detalles de la operación criminal, lo trasladan de centro penitenciario a cada rato sin avisarle a sus famliares. Además, se radicaron denuncias sobre la quema de materiales y documentos que hizo el embajador Sanclemente en su propiedad, en donde se encontraría material probatorio para el desarrollo del caso. Sin embargo, la Fiscalía no ha avanzado nada frente a esa denuncia.
Camila Martínez dijo que a su padre y a su entorno familiar le han llegado amenazas, presuntamente de los delincuentes, para que se quede callado. Lo único que pide Camila es que la justicia actúe como es debido, le brinde la protección que necesita a su padre y que se cumplan los compromisos que se determinaron con el organismo investigador por la colaboración de Laureano Martínez y Gustavo Bejarano.
