El Grupo Táctico Antiextorsión y el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional realizaron varias capturas por el delito de extorsión. Las detenciones se realizaron en los municipios de Soacha, Guaduas y Girardot en el marco de la denominada Operación ‘Avalancha’.
Luego de recoger evidencias y pruebas judiciales que fueron presentadas ante autoridades judiciales se emitieron órdenes de captura contra los miembros de la banda delincuencial ‘El Diamante’. Este grupo criminal delinquía en el municipio de Guaduas, donde visitaban a los comerciantes del sector con el fin de exigirles pagos mensuales para evitar ataques o atentados contra los locales o la integridad física de los propietarios de los comercios.
Las personas capturadas respondían a los alias de ‘Nani’, ‘Yinet’, ‘Tatiana’ y ‘Nelson’, quienes trabajaban bajo las órdenes de alias ‘El Pájaro’, delincuente que manejaba la banda delincuencial desde un centro carcelario. Los extorsionistas exigían sumas entre $1 millón y $2 millones mensuales, lo que les dejaba ganancias netas de unos 15 millones de pesos al mes.

Policía de Cundinamarca presentando a los capturados de la banda ‘El Diamante’.
Desarticulan otra banda
En el municipio de Soacha la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló al grupo criminal ‘Los Quiñones’, banda que se dedicaba a la extorsión en Soacha y Bogotá. Las personas capturadas recibieron los cargos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Luego de varias interceptaciones telefónicas y la recepción de denuncias por parte de la ciudadanía, la Fiscalía General extendió las órdenes de detención.
Del grupo hacían parte tres mujeres, una de las cuales responde al alias de ‘La Chiqui’, una de las cabecillas y quien coordinaba el cobro y la receptación de las extorsiones que pagaban los comercios de la zona donde operaba la banda. También se capturó a alias ‘Álex’, quien fungía como uno de los cobradores de las extorsiones y aparece en las empresas de giros con movimientos de 14 millones de pesos fruto de las amenazas del grupo a los comerciantes.
Los cobros criminales estaban entre los 50.000 y los 200.000 pesos por cada llamada que les hacían a las personas extorsionadas. Su centro de operaciones eran los barrios Leon XIII y San Mateo, los cuales conocían muy bien. Desde allí chantajeaban a los habitantes de esas comunidades haciéndose pasar por grupos armados ilegales o suplantando a las autoridades.
Los capturados presentaban anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar, uso de menores para cometer delitos, hurto agravado, lesiones personales, abuso de confianza y fuga de presos.