El Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha (Cundinamarca) determinó el traslado de 280 detenidos que se encuentran en estaciones de policía del municipio, a otro centros de reclusión u otras estaciones de policía que dispongan de un espacio adecuado para ellos. En la providencia el juez señala que “es imposible negar el hacinamiento y las malas condiciones de todo orden que afectan a las personas privadas de la libertad en las estaciones de Policía de Soacha”.
La orden del juez se debe a una tutela radicada por la personera municipal de Soacha, Nicoll Díaz Coronado, quien evidenció las malas condiciones de salud, alimentación e higiene en las que se encuentran esas 280 personas que se encuentran privadas de la libertad en las cinco estaciones de este municipio cundinamarqués. La tutela fue instaurada contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Funcionario de la Personería visitando a detenidos en una estación de Policía de Soacha.
Según la funcionaria las estaciones de Ciudad Verde, Chicó, Compartir, Cazucá, Ciudadela Sucre y Estación Central presentan una superpoblación del 500 por ciento sobre la capacidad permitida. Es por eso que el juzgado le ordena al Inpec que en el plazo de 20 días traslade a los detenidos a otras estaciones o centros de detención. El plazo vence para el instituto el próximo 17 de octubre.
El fallo de la tutela enfatiza en que la Alcaldía de Soacha debe entregarle a los detenidos servicios sanitarios y productos de aseo para su higiene. Igualmente, define que en los sitios de reclusión los detenidos deben gozar de un régimen alimentario acorde con los estándares de calidad nutricional que determina la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para la población reclusa de Colombia.
Finalmente, la providencia ordenó que la Secretaría Municipal de Salud de Soacha indague por la afiliación de los detenidos al sistema de seguridad social. En caso de que no estén ingresados deben de hacerse las gestiones necesarias para incluirlos.
La personera aseveró que la comisión de delitos por parte de quienes han perdido su libertad por cometer algún crimen, no justifica la violación de sus derechos fundamentales. “Me siento motivada y positiva por este fallo, y espero que las entidades accionadas cumplan a cabalidad con lo ordenado por el juzgado”, concluyó Nicoll Díaz Coronado.
