Extorsión

De acuerdo con la investigación, los procesados presuntamente le pedían a las víctimas entre 300 y 700 mil pesos semanales o mensuales, y si se negaban a pagar, enfrentaban ataques armados frente a sus establecimientos comerciales.

Las personas capturadas no aceptaron los cargos. Sin embargo un juez de garantías determinó que los arrestados deberán ser privados de la libertad en un establecimiento carcelario.

Las capturas ya fueron ejecutadas y los uniformados se encuentran detenidos en espera que la justicia legalice los arrestos y proceda con la formulación de cargos.

La fiscal encargada de atender el caso determinó imputar los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo a los agentes de la ley. Por su parte un juez de control de garantías ordenó la detención de los uniformados en establecimientos carcelarios.

Los criminales presionaban a las víctimas para que dieran información de sus familiares. Luego procedían a pedirles sumas entre 1 millón y 7 millones de pesos para dejarlos ir sin hacer explotar el presunto dispositivo explosivo.