La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.





































La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Con éste ya son tres los casos de feminicidio que han afectado a la población de Soacha en lo que va del año.
Gracias a esta acusación la Fiscalía General de la Nación pudo solicitar a un juez de control de garantías la captura y prisión del presunto agresor. La detención del acusado la ejecutaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en compañía de efectivos de la Policía de Madrid (Cundinamarca).
La abogada de la familia de Adriana Pinzón se mostró en desacuerdo del acuerdo judicial celebrado entre el victimario y la Fiscalía General de la Nación. La jurista señaló que la condena de 28 años es muy corta para todo lo que hizo el asesino para cometer su crimen y luego para ocultarlo.
Las investigaciones adelantadas por las autoridades comprobaron que los delincuentes vendían estupefacientes cerca de colegios, instituciones educativas, parques y zonas culturales.
El juez que dictó condena solicitó que el condenado sea recluido en un pabellon especial de alta seguridad en el que se proteja su vida de agresiones de otros presos.
La investigación de la Fiscalía descubrió que Mauricio Leal, presuntamente, estaba lavando dineros del narcotráfico a través de su cadena de salas de belleza y peluquerías.
La Fiscalía acusa a Jhonier Leal de haber cometido el crimen por codicia, pues contaba con que a la muerte de Mauricio y su madre, todos los bienes le quedarían a él, su esposa e hijos.
Todo comenzó cuando la familia se puso de acuerdo en llevar al menor al Hogar Monserrate debido a que el niño evidenciaba problemas de comportamiento y lenguaje que habían sido diagnosticados por la EPS Famisanar.
Los delincuentes se encargaban de eliminar etiquetas y sellos de seguridad ocultos, para luego remarcar o cambiar el IMEI de los celulares, además de los registros de los componentes del hardware de cada equipo.
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