Fiscalía General

La mujer se percató de que tenía una orden de captura en su contra, por lo que se desplazó a Cundinamarca para ocultarse, manteniendo un bajo perfil. No obstante, efectivos del CTI y miembros de la Policía Nacional realizaron las indagaciones pertinentes logrando dar con su paradero en la población de Funza.

Un juez de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y ordenó privar de la libertad a los cuatro procesados en un establecimiento carcelario.

El presunto asesino fue capturado en el lugar de los hechos. Diego Poveda, el acusado, alegó que fue provocado y que uno de los jóvenes se acercó a hablarle a su pareja. Testigos de los hechos relataron que el atacante, sin mediar palabra, agredió a uno de los jóvenes con un cuchillo.

Las estadísticas señalan que la regional logró resolver exitosamente el 50 por ciento de las muertes violentas y el 66 por ciento de los hurtos violentos cometidos entre enero y noviembre.

Juan Felipe Achure Vásquez fue capturado por la Policía Nacional en su residencia de Zipaquirá. El presunto agresor fue acusado de los delitos de lesiones personales con deformidad física permanente, homicidio en no nato agravado por aborto preterintencional y violencia intrafamiliar agravada.

Un fiscal perteneciente a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública fue el encargado de demostrar que el exfuncionario hospitalario actuó con dolo y que no fue un error contable, como lo alegaba la defensa de José Lozada. Ante la fortaleza de las pruebas presentadas por el ente acusatorio un juez de Gachetá determinó condenar a Lozada Álvarez a 96 meses de cárcel por el delito de peculado por apropiación.

La fiscal encargada de atender el caso determinó imputar los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo a los agentes de la ley. Por su parte un juez de control de garantías ordenó la detención de los uniformados en establecimientos carcelarios.

La Fiscalía General de la Nación le imputó a los detenidos los cargos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto agravado y calificado; tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado. El capturado quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para ser conducido al centro penitenciario asignado.

Los criminales presionaban a las víctimas para que dieran información de sus familiares. Luego procedían a pedirles sumas entre 1 millón y 7 millones de pesos para dejarlos ir sin hacer explotar el presunto dispositivo explosivo.