Luego de largos debates sobre la elección de Luis Alejandro Motta como directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el Consejo de Estado determinó tumbar el nombramiento del funcionario electo debido a serias irregularidades en ese proceso.
Motta venía haciéndose reelegir durante 20 años en el cargo gracias a la votación que obtenía por representar a entidades sin ánimo de lucro preocupadas por el tema ambiental en el departamento. El Consejo de Estado encontró que la constante reelección de Alejandro Motta en el consejo directivo de la CAR se debía a la creación de un entremado de organizaciones no gubernamentales de papel fundadas exclusivamente para aumentar el número de votos a favor de Motta.
La denuncia le llegó al máximo tribunal de lo contencioso-administrativo a comienzos de 2020. Varios grupos ambientalistas y candidatos al consejo directivo de la CAR afectados por esta conducta, decidieron denunciar la ilegalidad de la elección de Motta como directivo en 2019. También se impugnó la elección de Andrés Iván Garzón, pero sobre ésta no se pronunció esta corte.

El destituido miembro del consejo directivo de la CAR, Luis Alejandro Motta.
La situación es grave porque fueron varias las decisiones ambientales que se tomaron con la participación de Luis Alejandro Motta, las cuales pueden estar viciadas precisamente por la manera espuria como se realizó la elección del consejero. Motta participó en decisiones tan importantes cmo la apertura de invvestigaciones, concesión de permisos ambientales y autorización de planes de ordenamiento territorial.
Las ‘organizaciones’ de papel
Las organizaciones ambientales sin ánimo de lucro de la región pueden elegir a dos representantes como parte del consejo directivo de la CAR. La ley determina que estas plazas se eligen mediante la votación de entidades ambientales de la sociedad civil que tengan mínimo cuatro años de constitución certificada. Estas entidades deben demostrar que su objetivo y preocupación es el cuidado del medio ambiente.
Las autoridades competentes pudieron comprobar que varias de estas organizaciones compartían los mismos nombres de personas en sus juntas directivas. Es el caso de M;aría Fernanda Reyes Barahona, quien aparece en 171 juntas; su hermano David Stivel Reyes Barahona lo hace en 68; Yherson Daniel Herrera en 46; en 32 juntas aparece Flor Alba Roa de Herrera; finalmente, Fernando Herrera se halla en 13 entidades.
La investigación determinó que 176 organizaciones tenían el mismo correo (amigosambientalistas01@gmail.com). Para justificar su labora ambiental mostraban facturas de pago de pauta publicitaria promoviendo la protección del medio ambiente en las emisoras radial Guasca Estéreo y Radio Panamericana. También se encontró que Motta se presentó a la elección sin haber presentado la hoja de vida con soportes de formación profesional y experiencia.
Varios candidatos afectados por este ‘carrusel’ de entidades de papel se retiraron de la audiencia de votación, celebrada a fines de 2019. Electores de 35 organizaciones ambientales prefirieron salir del recinto para no dar visos de legalidad al proceso de elección. También se retiraron los representantes de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo al observar que no había garantías para realizar una elección transparente.
La elección entregó 103 votos para Luis Alejandro Motta y 102 para Andrés Iván Garzón. Este hecho cayó muy mal dentro del sector ambientalista ya que la reelección de Motta luego de ocupar el mismo cargo por 20 años, impide que líderes verdaderamente preocupados por preservar el equilibrio ecológico de la región puedan llegar a la CAR para adelantar su gestión.
Con la nulidad de la elección de Motta el cargo queda vacante, pues el período del consejero va hasta 2023. Ahora la CAR tendrá que buscar un reemplazo de acuerdo a los términos de ley.