Un monumento que hace parte del patrimonio cultural nacional está a punto de caerse por la negligencia y la mala administración que de la edificación hizo la Alcaldía de Guaduas. Se trata del Convento de la Soledad, también conocido como la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles, el cual venía siendo ocupado por la administración municipal. Debido al mal estado en que se encuentra la construcción y que no se le hizo mantenimiento, la Alcaldía debió organizar el trasteo de sus funcionarios para retirar sus oficinas del convento.
La utilización del convento como sede administrativa no es nueva. Según demanda instaurada por ciudadanos de la población ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “en 1972 la Alcaldía ocupó de forma violenta, arbitraria e ilegal el monumento mencionado”. Este mismo tribunal, en fallo del 8 de marzo de 2019, reconoció que “la especial situación del inmueble y su representación para la historia de Colombia comporta afirmar que el estado al que se ha sometido ha llegado por dos razones fundamentales: Primero, por su uso por parte de entidades públicas; y segundo, por un indebido mantenimiento de sus estructuras”.
La sentencia de esa corte ordenaba que en el plazo de un año la Alcaldía debía devolver las instalaciones religiosas al Patronato de Guaduas, una institución fundada en 1910 por ciudadanos del municipio preocupados por la conservación de un edificio que es considerado patrimonio histórico de la población. También estipulaba que “en el término de seis meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, (se deben) iniciar las actuaciones administrativas que permitan garantizar la restauración del bien”. Ambas decisiones no las ha cumplido la Alcaldía de Guaduas.
Abandono total
Ahora la situación empeoró. Durante la semana las fuertes lluvias, el grave deterioro de los muros y techos y la falta de mantenimiento provocaron que parte de la edificación se viniera al piso, por lo que, ahora sí, no le quedo más remedio a la administración municipal que abandonar el convento pues corría peligro la integridad física de quienes laboraban en su interior.
Lo más irónico de esta situación es que, a pesar de haberse trasteado a otras casas para seguir trabajando, la Alcaldía aún se niega a devolver el inmueble y se niega a hacerle algún tipo de mantenimiento, aduciendo que por ser un bien privado no se le pueden invertir dineros públicos.
Mariela Bohórquez, una de las ciudadanas que instauró una acción popular para desalojar a la Alcaldía, señaló que ahora lo más importante es que se le entregue el inmueble al patronato de Guaduas. Pero agregó que no se hace ilusiones de que la administración local pague los daños generados durante los casi 50 años que ha usufructuado la edificación. “Lo importante es que la Alcaldía salga, aunque reparar la construcción puede costar unos 2.000 millones de pesos”, concluyó la ciudadana.
